Fideicomisos: más caldo para la polarización

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Fideicomisos: más caldo para la polarización

Por Guillermo Bañuelos

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Para muchos, extinguir los fideicomisos es un golpe rudo de Andrés Manuel López Obrador. Pero la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el organismo civil Centro de Análisis e Investigación FUNDAR muestran que el manejo y la ejecución irregular de recursos en cientos de fideicomisos podrían significar un atraco mayúsculo contra las finanzas públicas. 

El anuncio sobre la desaparición de esos instrumentos polarizó aun más a los mexicanos: unos apoyamos ciegamente al  Presidente, como él desea, y otros repudiamos la cancelación de instrumentos como el Fonden y muchos más por considerarlos clave para el desarrollo de determinadas actividades. 

Sin embargo, en el ambiente actual -de crispación y dualidad- es cada día más complicado entender, o entendernos. 

FUNDAR destaca un aspecto que se ha vuelto cada vez más cotidiano: la falta de claridad en las medidas anunciadas respecto de la extinción masiva de fideicomisos, lo que genera confusion y preocupación sobre cuáles se pretende extinguir y la racionalidad de estas acciones. 

Muchos fideicomisos cumplen un rol clave, pero no hay criterios claros para extinguirlos. Se trata de procesos que requieren máxima publicidad para garantizar certeza y una rendición de cuentas efectiva, lo que se cumple a medias. 

Antes de su desaparición masiva, es deseable un análisis completo y participativo para entender  cuáles y por qué deben ser eliminados. 

No podemos ignorar que estos instrumentos operan 835 mil millones de pesos, una cantidad que representa el 13.7% del presupuesto de egresos de la Federación (PEF 2020) y el 3.3% del PIB, ni que en 2017 el sobregasto fue de 600%. 

En realidad, los ciudadanos no podemos saber cómo se usa ese dinero debido a la poca transparencia y la mínima rendición de cuentas como consecuencia de un marco legal limitado y la complejidad que implica el tratarse de organismos públicos formados por entidades federales o locales, lo que dificulta el rastreo del ejercicio de los recursos y el acceso a la información.

Por su lado,  el último recuento de la ASF, dado a conocer en la cuenta pública 2018, indica que existían en el país hasta ese año 335 fideicomisos, mandatos y actos jurídicos sin estructura, los cuales administraban recursos por 878 mil 717 millones de pesos.

FUNDAR enfatiza que los fideicomisos se han configurado a partir de mecanismos complejos que los gobiernos en turno han aprovechado para mantener espacios de opacidad y discrecionalidad en el uso de los recursos, sin ninguna consecuencia.

Para FUNDAR, la información sobre fideicomisos públicos se encuentra dispersa entre distintas entidades, fragmentada, de no fácil acceso, sin formato de datos abiertos y no maneja un lenguaje ciudadano, lo que aumenta su opacidad. Pese a estos riesgos de opacidad y de desvío de recursos; así, las aportaciones o transferencias que el gobierno federal realiza a fideicomisos aumentan año con año sin que se justifiquen estas asignaciones. 

Al iniciar el 2020, la ASF pidió a la Secretaría de Hacienda mejorar la vigilancia y el control de los fideicomisos para transparentar el manejo de los recursos públicos federales y los objetivos para los cuales fueron creados, de modo que se pudiera definir una posible modificación, extinción o terminación de sus contratos. 

Hacienda desatendió la recomendación de la ASF - en los términos planteados por la entidad auditora- y en lugar de las correcciones vino de golpe el anuncio sobre la extinción de estos instrumentos financieros. 

El saldo parcial es conocido por todos: el asunto FIDEICOMISOS separa aun más a grandes segmentos de ciudadanos que cada día nos entendemos menos. 

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