Microscopio Social

Melesio cuen


Por Héctor Melesio Cuén Ojeda

Resulta sumamente paradójico que un órgano legislativo como el Senado de la República, encargado de la emisión de leyes para que sean cumplidas por todas las personas físicas o morales y por los órganos públicos —entre ellos la citada institución—, no cumpla con sus propias normas emitidas. Esta situación trastoca, sin lugar a dudas, el Estado de derecho.

No obstante, gracias a la existencia de diversas normas sustantivas y mecanismos jurisdiccionales se puede preservar el Estado de derecho, y entre ellos se encuentran el Código Penal y la Ley de Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para citar sólo algunos ordenamientos relacionados con el tema que nos ocupa.

Como se recuerda, en 2014 un número de 227,130 ciudadanos sinaloenses suscribió una iniciativa de reformas constitucionales en las materias de segunda vuelta electoral y de revocación de mandato, la cual presentamos ante la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. Sin embargo, después de una serie de trámites, dicha cámara no ha formulado el dictamen legal correspondiente.

Al día de hoy han transcurrido más de dos años y seis meses sin que haya una resolución. Ante esta omisión, los representantes legales de los suscriptores de la iniciativa, decidimos interponer un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, el cual quedó radicado en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con el expediente número SUP-JDC-1755/2015.

Como respuesta, el 12 de octubre de 2016 dicho órgano jurisdiccional emitió una sentencia para condenar a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos, así como a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, ordenándoles inicien el trámite legislativo correspondiente y elaboren el dictamen sobre la referida iniciativa ciudadana con el propósito de que sea presentado ante el Pleno de la misma y se proceda a su análisis, discusión y, en su caso, aprobación.

Dicha sentencia es inatacable y por lo mismo no es recurrible, por lo que la mencionada iniciativa de marras inexorablemente debe culminar con un dictamen que será sometido al Pleno de dicha cámara para los efectos legales correspondientes.

Cumplir con dicha sentencia es, pues, una obligación legislativa elemental; además, cumplirla sería también cumplir con el Estado de derecho, es decir, se estarían acatando las normas jurídicas que nos rigen y que el H. Senado de la República, al ser uno de los emisores de las mismas, está legal y moralmente obligado a respetar.

Sin embargo, aún persiste una conducta omisiva del órgano legislativo; por ello, para restablecer el Estado de derecho, valoramos la posibilidad de presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por el desacato evidente a dicha sentencia.

Precisamente, esa conducta se enmarca en el delito contra la administración de justicia, previsto y sancionado por el artículo 225, fracción VIII, del Código Penal Federal, que establece: “Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos, en caso de retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia la administración de justicia”.

Este asunto es tan delicado que incluso los senadores miembros de las Comisiones Unidas y de la Mesa Directiva pueden ser objeto de desafuero para que se pueda proceder penalmente contra ellos.

No solamente se trata de restablecer el Estado de derecho, sino también de reivindicar y respetar a esos 227,130 ciudadanos que suscribimos dicha iniciativa y que confiamos en nuestras instituciones.

Por lo pronto, el lunes 27 de este mes que culmina, interpusimos ante el TEPJF un recurso de inejecución de sentencia. Estaremos pendientes de lo que suceda. No cejaremos en nuestro empeño por tener un país más justo, equitativo y democrático.

Gracias y que pasen una excelente semana.
Cuén.

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