La libertad de expresión no es propiedad de nadie, ni otorga derecho a insultar

Microscopio Social

 

Melesio cuen

 

Héctor Melesio Cuén Ojeda

 

Domingo 16 de abril de 2017

En pleno siglo XXI existe la falsa creencia de algunas empresas periodistas que la libertad de expresión, fue construida con un afán mercadológico y para vilipendiar a los adversarios políticos, sobre todo para alcanzar convenios altamente remunerativos.

No, de ninguna manera, la citada libertad fue instituida y construida a la par que el propio Estado Moderno en el mundo, que duró un largo proceso de emisión de ideas políticas y de luchas que se fueron edificando poco a poco durante varias centurias hasta llegar al llamado siglo de las luces que desembocó en la Primera Revolución Francesa, y que dio nacimiento al documento histórico denominado Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1791, sustentados en los principios de libertad, igualdad y fraternidad.

Estos cobraron una enorme influencia en muchas naciones del mundo. México no fue ajeno a esas ideas, ya que nuestros padres del movimiento independentista abrevaron de esas ideas libertarias, a través de obras que llegaron subrepticiamente o de manera clandestina a nuestra nación. De tal manera que ellas sirvieron de base para trazar nuestra arquitectura constitucional, y que todavía perduran hasta nuestros días en nuestra Ley Suprema de la Unión.

En esta se halla acuñada entre muchas otras instituciones, el de la libertad de expresión, la cual figura en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor, en cuya disposición en ninguna parte establece que ésta ha de ser propiedad exclusiva de los medios de comunicación, sino que está inscrita en el capítulo de los Derechos Humanos y sus Garantías que, para equilibrar su ejercicio fue establecido el derecho de réplica.

Para ejercer este último derecho, el 4 de noviembre de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Reglamentaria del artículo 6°, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Derecho de Réplica.

El citado ordenamiento regula a todas las agencias de noticias, medios de comunicación, así como productores independientes, con el carácter de sujetos obligados.

En su artículo 3 establece claramente, entre otras cosas, que toda persona podrá ejercer el derecho de réplica respecto de la información inexacta o falsa que emita cualquier sujeto obligado previsto en el citado ordenamiento jurídico.

Asimismo, el artículo 5 del mismo, establece que la crítica periodística será sujeta del derecho de réplica, siempre y cuando esté sustentada en información falsa o inexacta cuya divulgación le cause un agravio a la persona que lo solicite, ya sea político, económico, en su honor, imagen, reputación o vida privada.

En numerales y capítulos subsecuentes se regula de manera detallada la parte sustantiva del citado derecho, así como el procedimiento para ejercerlo ante los sujetos obligados, incluido el procedimiento judicial.

En el capítulo IV y último se contienen las sanciones a que se hacen acreedores los sujetos obligados, que van desde 500 a 5,000 días de salario multa –que oscila de 40,020.00 a 400,200.00 pesos–, la cual será aplicada por un Juez de Distrito a los infractores, con independencia de la responsabilidad civil o penal que resulte.

Así que la libertad de expresión no es absoluta. Su titularidad tampoco es exclusiva de los medios de comunicación, y ella no fue instituida sólo con afanes comerciales, ni para proteger intereses de índole alguna, tampoco para destruir la moral de las personas de manera impune, mucho menos para hacer escarnio en contra de persona alguna.

Sin embargo, un servidor y colaborador de esta columna, desde hace muchos años he sido acusado, calumniado, difamado y señalado, a lo cual no ha escapado mi familia. En los últimos días esta embestida se acrecentó so pretexto de una iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario que coordina el Dip Víctor Antonio Corrales Burgueño en la 62 Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, misma que tiene como objetivo central regular el Daño Moral que se le ocasiona a muchas personas físicas y morales, que por cierto muchas de las propuestas que hace la iniciativa ya las contemplan las legislaciones estatales, nacional e internacional.

Al examinar con mesura y objetividad la iniciativa referida, nos conduce a la conclusión de que ella tiene como finalidad esencial proteger a todos los sinaloenses de la posible afectación en el derecho intersubjetivo de corte civil denominado daño moral, cuyo contenido se sustenta, entre otros, en el principio pro persona.

El referido principio –pro persona– fue integrado a nuestro sistema jurídico, a través de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de junio de 2011; y quedó inscrito en el segundo párrafo del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia.”

En palabras lisas y llanas, dicho principio se orienta, por ejemplo, a que un juez tenga que elegir qué norma aplicar a un determinado caso, merced al cual debe favorecer a la persona, sin importar si se trata de la Constitución, un tratado internacional o una ley.

Uno de los objetivos de la reforma de derechos humanos de 2011, fue consolidar una sociedad de derechos, crucial para poder garantizar que las personas tengan mejores herramientas para hacer valer sus derechos.

Así que la referida iniciativa de daño moral jamás se dirigió a atentar contra la libertad de expresión como se tergiversó, sobre todo por algunas empresa del ramo periodístico, con clara intención de índole política, y sin aportar elemento alguno contrario a la citada libertad.

Es por eso, que ante la polémica generada principalmente por esas empresas comentadas, nos parece una medida apropiada retirar la iniciativa con el fin de socializarla de frente a la sociedad, iniciando con las Asociaciones de periodistas que existen en nuestra región. En esos espacios externaremos nuestras razones al respecto.

Empero, para que no se siga aprovechando de manera perversa dicha iniciativa y se nos respete la dignidad a que tenemos derecho todas las personas, hemos decidido retirarla la próxima semana. Aun cuando tal iniciativa no constituye en modo alguno una “ley mordaza” como injustamente se le ha colocado ese adjetivo, sin aportar siquiera un ápice o elemento jurídico al respecto.

La esencia teleológica de la iniciativa de referencia, es que exista a favor de los sinaloenses un real respeto al derecho que toda persona física o moral debe tener, en el ámbito de lo público, e incluso del privado. Así de sencillo.

Gracias y que pasen una excelente semana de Pascua...

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El fracaso de la política social en México

 

*Por Héctor Melesio Cuén Ojeda

 

 

Hace apenas unos días el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) reportó que durante los primeros años de gobierno del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, entre 2012 y 2014 la población en pobreza creció cerca de dos millones de personas, sobre todo en zonas urbanas, al pasar de 53.3 millones de mexicanos (45.5%) a 55.3 millones (46.2%).En este sentido, uno de cada dos mexicanos vive en esa condición.

El índice nacional de la pobreza se incrementó porque en ocho estados se falló en su combate; esto sucedió en Veracruz, Morelos, Oaxaca, Estado de México, Sinaloa, Coahuila, Hidalgo y Baja California Sur, mientras que en el resto de los estados se redujo.

El mismo reporte confirma que los ingresos de los mexicanos no mejoraron sino que, por el contrario, desde hace 20 años muestran un decremento. De esta forma, la población con ingresos inferiores a la línea de bienestar (para que se comprenda mejor: los ciudadanos que no tienen recursos para adquirir la canasta alimentaria) pasó de 60.6 millones (51.6%) a 63.8 millones (53.2%). Esto nos dice que poco más de la mitad de los mexicanos tiene un ingreso mensual menor a los 1300 pesos.La realidad es que de 2005 a 2015 el salario de los trabajadores acumula una pérdida de poder adquisitivo de 25%.

Aunado a lo anterior, un gran problema es que la pobreza se ha extremado, es decir, se ha agravado la condición de pobreza. De acuerdo con la definición del CONEVAL, la pobreza extrema «Es cuando una persona tiene tres o más carencias, de seis posibles, dentro del Índicede Privación Social y que, además, se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo», esto es, cuando las personas no pueden satisfacer varias de las necesidades  básicas para vivir, como alimento, agua potable, vivienda, seguridad, educación y salud.Las personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que aun si lo dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no podrían adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana. Y aunque la pobreza extrema en México disminuyó de 9.8% en 2012 a 9.5% en 2014, es decir, de 11.5 se pasó a 11.4 millones de mexicanos, la cifra sigue siendo alarmante.

Ahora bien, en lo que respecta al aumento de la pobreza, Sinaloa es uno de los ocho estados cuya situación empeoró. De acuerdo con los datos, en 2012 era el 36.3% de la población (1'055,600 personas), para 2014 aumentó al 39.4% (1'167,100 habitantes). Peor aún:también tuvimos un aumento en los índices de pobreza extrema: en 2012 era el 4.5% de la población (130,200 sinaloenses), pero para 2014 se incrementó al 5.3% (155,800 pobladores).

 

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Otros indicadores igual de alarmantes es que en Sinaloa aumentó el porcentaje de ciudadanos que carecen de acceso a los servicios básicos en la vivienda, pasando de 16.1% al 18% de la población. Y aún más grave: el porcentaje de sinaloenses que carece de acceso a la alimentación pasó de 25.9% a 29.6%; es muy lamentable que tres de cada 10 sinaloenses no reciban la comida suficiente para tener una vida activa y sana.Asimismo,es preocupante que el rezago educativo haya aumentado en nuestro estado, pasando de 18.4% a 19.1% de la población, mientras que en el resto el país el rezago educativo disminuyó.

 

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La pobreza en Sinaloa va en ascenso y hasta hoy carecemos de verdaderos programas sociales tanto a nivel estatal como municipal, y en cambio, se adquieren deudas en obras secundarias, lo cual es muy preocupante, pues es como si estuviéramos en una situación económica de abundancia.¿De qué sirve iluminar las calles y avenidas con lámparas ledes si la ciudadanía no tiene ni qué comer?

El aumento de 118,500 pobres en Sinaloa significa más inestabilidad social, un riesgo de mayor violencia y de la problemática de seguridad pública, ya que con ello se incrementa el número de jóvenes sin oportunidades, sin trabajo, lo que redunda en conductas antisociales.

Además, hay que estar muy atentos con lo que pase el próximo año, pues lasautoridades federales han advertido que 2016 será muy difícil para los mexicanos debido a diversos factores: la devaluación del peso, que por cierto el fin de semana estuvo a 16.50 frente al dólar; el desplome que desde el año pasado registran los precios internacionales del petróleo; así como el hecho de que no se ha generado ni crecimiento económico ni empleo, como nos prometieron con la aprobación de las reformas estructurales, entre ellas la energética y la fiscal. Como se recuerda, uno de los objetivos de esta última era reducir los índices de obesidad con el gravamen a los refrescos, pero ahora vemos que lo único que adelgazó fueron los ingresos de la gente.

Todos estos factores, sin lugar a dudas, aumenta el riesgo de mayor violencia e inseguridad.

La pobreza y la reducción de ingresos son problemas que no se pueden ni deben aplazar. Se requiere de una política económica que genere empleo de inmediato, pues solo así podremos asegurar que un mayor número de mexicanos mejore su calidad de vida.

Asimismo, el incremento de la pobreza responde al nulo o lento avance de las políticas públicas; en lugar de que los programas estatales y los programas federales sean únicos y coordinados, en muchos de los estados se da la duplicidad y el mal manejo de estos.

Si no se modifican las políticas públicas, y no se eleva la tasa de crecimiento de la economía y hay una mejor distribución de los ingresos, nuestro país seguirá siendo una fábrica de pobres que ahonde la desigualdad.

En pocas palabras, hasta hoy la política social en México es un fracaso. Por ello, trabajemos fuerte para que el próximo informe del CONEVAL nos muestre una mejora en la calidad de vida de los mexicanos, pero sobre todo de los sinaloenses. Esto es como la agricultura: para poder cosechar, primero hay que sembrar.

Gracias y que pasen una excelente semana.

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