La Auditoría Superior del Estado: obligada a fortalecerse

Microscopio Social

 

 

Melesio cuen


Héctor Melesio Cuén Ojeda

 

Sábado 8 de julio de 2017 

En los últimos 15 días se ha generado una controversia entre diputados locales, organismos sociales y ciudadanos en general sobre una iniciativa de ley formulada por la Comisión de Fiscalización del H. Congreso del Estado acerca de la revisión de las Cuentas Públicas, en la cual propone que se deroguen el sexto y séptimo párrafo del artículo 37 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

Dicho párrafo establece:

El Congreso del Estado revisará, aprobará, hará observaciones o suspenderá y, de proceder, expedirá el finiquito respectivo, por cada semestre del ejercicio fiscal en los casos de las cuentas públicas del estado y de los municipios.

Cuando se decrete la suspensión de la aprobación de una cuenta pública, ésta deberá ser nuevamente discutida en el siguiente período ordinario de sesiones, previa a la revisión y aprobación en su caso, de la que corresponda al mismo.

Para algunos, la interpretación es que con esta reforma el H. Congreso del Estado renuncia a la fiscalización de las Cuentas Públicas del gobierno del estado, municipios y otros entes fiscalizables.

Para otros, entre los que me incluyo, es todo lo contario. Esta reforma sólo obedece a una armonización con el Sistema Nacional de Anticorrupción (SNA) y tiene como objetivo fortalecer la responsabilidad de la Auditoría Superior del Estado (ASE), a través de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, una de las siete leyes secundarias que se desprenden del SNA.

Sin duda, la incertidumbre y desconfianza de la sociedad tiene razón de ser, pues la corrupción y la impunidad, convertidas en una práctica común en todos los niveles de gobierno, han provocado hartazgo y escepticismo hacia los representantes populares.

La reforma que se propone con la iniciativa coadyuvará a despolitizar el proceso de revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, situación que se ha dado por muchos años en las reuniones plenarias de los legisladores. Todo mundo sabe que en esas discusiones se impone el interés político, es decir, un partido defiende a las autoridades que provienen de su organismo político, mientras que otros defienden a los suyos; por lo general, esas discusiones terminan en una negociación.

Por tanto, se trata entonces que con la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la ASE asuma un papel de más responsabilidad y que no se reduzca sólo a realizar la auditoría correspondiente al ente fiscalizable y rendir un informe a la Comisión de Fiscalización, la cual empieza por distorsionar los resultados de la auditoría realizada, y ya con estas deficiencias llega al pleno de diputados, en donde termina de politizarse completamente

Otro asunto importante es que la ASE forma parte del H. Congreso y, en ese sentido, debe asumirse como un verdadero brazo fiscalizador de ese Poder Legislativo. Hay que aceptar también que con la actual ley la ASE tiene facultades para iniciar procesos administrativos, jurídicos y hasta juicios políticos, pero en la práctica las auditorías que realiza no tienen continuidad ni seguimiento. Prueba de ello es que el anterior auditor externo, Antonio Vega Gaxiola, interpuso 93 denuncias contra funcionarios públicos, pero a ninguna se le dio curso.

Es importante remarcar que aun si se aprueban las reformas al artículo 37 constitucional, las obligaciones de los diputados están expresadas en la propia Constitución Política del Estado de Sinaloa, cuyo artículo 43, fracciones XXII y XXII BIS:

Artículo 43. Son facultades exclusivas del Congreso del Estado, las siguientes:

XXII. Revisar y fiscalizar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de los municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán carácter público.

XXII Bis. Revisar y fiscalizar el informe que rinda la Auditoría Superior del Estado sobre la aplicación de los recursos públicos estatales o municipales, asignados a los organismos descentralizados o de participación estatal o municipal, en los términos previstos en las leyes.

En resumen, la iniciativa propuesta nunca le quita la responsabilidad al H. Congreso de revisar y fiscalizar las Cuentas Públicas, sino que le permite atender la armonización necesaria con el SNA, fortalecer el rol fiscalizador que debe tener la ASE y minimizar al máximo el proceso de politización que a la fecha se le ha dado a este proceso de revisión del gasto y aplicación del erario público. Por eso, consideramos que es necesaria y que ayudará a que el Sistema Local de Anticorrupción cumpla con los objetivos planteados.

 

Gracias y que pasen un excelente fin de semana.

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    El fracaso de la política social en México

     

    *Por Héctor Melesio Cuén Ojeda

     

     

    Hace apenas unos días el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) reportó que durante los primeros años de gobierno del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, entre 2012 y 2014 la población en pobreza creció cerca de dos millones de personas, sobre todo en zonas urbanas, al pasar de 53.3 millones de mexicanos (45.5%) a 55.3 millones (46.2%).En este sentido, uno de cada dos mexicanos vive en esa condición.

    El índice nacional de la pobreza se incrementó porque en ocho estados se falló en su combate; esto sucedió en Veracruz, Morelos, Oaxaca, Estado de México, Sinaloa, Coahuila, Hidalgo y Baja California Sur, mientras que en el resto de los estados se redujo.

    El mismo reporte confirma que los ingresos de los mexicanos no mejoraron sino que, por el contrario, desde hace 20 años muestran un decremento. De esta forma, la población con ingresos inferiores a la línea de bienestar (para que se comprenda mejor: los ciudadanos que no tienen recursos para adquirir la canasta alimentaria) pasó de 60.6 millones (51.6%) a 63.8 millones (53.2%). Esto nos dice que poco más de la mitad de los mexicanos tiene un ingreso mensual menor a los 1300 pesos.La realidad es que de 2005 a 2015 el salario de los trabajadores acumula una pérdida de poder adquisitivo de 25%.

    Aunado a lo anterior, un gran problema es que la pobreza se ha extremado, es decir, se ha agravado la condición de pobreza. De acuerdo con la definición del CONEVAL, la pobreza extrema «Es cuando una persona tiene tres o más carencias, de seis posibles, dentro del Índicede Privación Social y que, además, se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo», esto es, cuando las personas no pueden satisfacer varias de las necesidades  básicas para vivir, como alimento, agua potable, vivienda, seguridad, educación y salud.Las personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que aun si lo dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no podrían adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana. Y aunque la pobreza extrema en México disminuyó de 9.8% en 2012 a 9.5% en 2014, es decir, de 11.5 se pasó a 11.4 millones de mexicanos, la cifra sigue siendo alarmante.

    Ahora bien, en lo que respecta al aumento de la pobreza, Sinaloa es uno de los ocho estados cuya situación empeoró. De acuerdo con los datos, en 2012 era el 36.3% de la población (1'055,600 personas), para 2014 aumentó al 39.4% (1'167,100 habitantes). Peor aún:también tuvimos un aumento en los índices de pobreza extrema: en 2012 era el 4.5% de la población (130,200 sinaloenses), pero para 2014 se incrementó al 5.3% (155,800 pobladores).

     

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    Otros indicadores igual de alarmantes es que en Sinaloa aumentó el porcentaje de ciudadanos que carecen de acceso a los servicios básicos en la vivienda, pasando de 16.1% al 18% de la población. Y aún más grave: el porcentaje de sinaloenses que carece de acceso a la alimentación pasó de 25.9% a 29.6%; es muy lamentable que tres de cada 10 sinaloenses no reciban la comida suficiente para tener una vida activa y sana.Asimismo,es preocupante que el rezago educativo haya aumentado en nuestro estado, pasando de 18.4% a 19.1% de la población, mientras que en el resto el país el rezago educativo disminuyó.

     

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    La pobreza en Sinaloa va en ascenso y hasta hoy carecemos de verdaderos programas sociales tanto a nivel estatal como municipal, y en cambio, se adquieren deudas en obras secundarias, lo cual es muy preocupante, pues es como si estuviéramos en una situación económica de abundancia.¿De qué sirve iluminar las calles y avenidas con lámparas ledes si la ciudadanía no tiene ni qué comer?

    El aumento de 118,500 pobres en Sinaloa significa más inestabilidad social, un riesgo de mayor violencia y de la problemática de seguridad pública, ya que con ello se incrementa el número de jóvenes sin oportunidades, sin trabajo, lo que redunda en conductas antisociales.

    Además, hay que estar muy atentos con lo que pase el próximo año, pues lasautoridades federales han advertido que 2016 será muy difícil para los mexicanos debido a diversos factores: la devaluación del peso, que por cierto el fin de semana estuvo a 16.50 frente al dólar; el desplome que desde el año pasado registran los precios internacionales del petróleo; así como el hecho de que no se ha generado ni crecimiento económico ni empleo, como nos prometieron con la aprobación de las reformas estructurales, entre ellas la energética y la fiscal. Como se recuerda, uno de los objetivos de esta última era reducir los índices de obesidad con el gravamen a los refrescos, pero ahora vemos que lo único que adelgazó fueron los ingresos de la gente.

    Todos estos factores, sin lugar a dudas, aumenta el riesgo de mayor violencia e inseguridad.

    La pobreza y la reducción de ingresos son problemas que no se pueden ni deben aplazar. Se requiere de una política económica que genere empleo de inmediato, pues solo así podremos asegurar que un mayor número de mexicanos mejore su calidad de vida.

    Asimismo, el incremento de la pobreza responde al nulo o lento avance de las políticas públicas; en lugar de que los programas estatales y los programas federales sean únicos y coordinados, en muchos de los estados se da la duplicidad y el mal manejo de estos.

    Si no se modifican las políticas públicas, y no se eleva la tasa de crecimiento de la economía y hay una mejor distribución de los ingresos, nuestro país seguirá siendo una fábrica de pobres que ahonde la desigualdad.

    En pocas palabras, hasta hoy la política social en México es un fracaso. Por ello, trabajemos fuerte para que el próximo informe del CONEVAL nos muestre una mejora en la calidad de vida de los mexicanos, pero sobre todo de los sinaloenses. Esto es como la agricultura: para poder cosechar, primero hay que sembrar.

    Gracias y que pasen una excelente semana.

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